Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt *

La Educación, en España, es un servicio público sufragado por el Estado en el 96% de los casos (entre centros públicos y concertados) y que, como todos los informes externos confirman, no está a la altura de la calidad que el contribuyente espera de un pilar fundamental de la sociedad pagado con sus impuestos.

El cuerpo normativo que la diseña e implanta puede ser impecable pero su aplicación práctica deja mucho que desear, como así lo afirman numerosas encuestas sobre la satisfacción que el alumnado y los padres tienen de la Educación española, por no hablar de los famosos rankings internacionales donde estamos, siempre, a la cola.

Al parecer toda la democratización del modelo ha acabado perversamente deformada a favor de los equipos directivos que hacen y deshacen a su antojo sin la sana “resistencia” de los alumnos (los delegados de clase son ya meras figuras decorativas) ni de los padres, cuyas Ampas se han convertido en una asociación que pueden reunirse en torno a una mesa de bar con cuatro sillas, dada la desafección familiar que existe por el sistema educativo.

Al final toda esta perversión del modelo ha acabado en manos de un profesorado tremendamente gremializado y enrocado, exigiendo derechos sin el más mínimo ejercicio de autocrítica, y de un equipo directivo acojonado pidiendo leyes a los políticos cada vez más duras para luchar contra el descontrol disciplinario causante, según ellos, de todos los males que hay en la Educación española.

Pero la Ley, aquella que no suele ser leída ni por quienes deben aplicarla, está llena de “regalos” para el ciudadano medio si tiene ganas de enfrentarse a la todopoderosa burocracia educativa.

No olvidemos que los institutos trabajan tanto con menores como con menores discapacitados, y tampoco olvidemos que están obligados a atenderlos, objetivo último de su existencia.

Sobre alumnos menores y discapacitados

Cuando cualquier instituto acaba admitiendo a un menor con limitaciones motrices y/o intelectuales (aunque intenten derivarlo a centros especiales) ya sabe que les cae un marrón serio: su propia escolarización va a conllevar «mucho papeleo» tanto para los docentes como para el centro en general.

Supongamos que en vuestro inevitable devenir como padre de un hijo discapacitado te encuentras con una situación muy habitual: el instituto lo matricula (faltaría más) pero el profesor X (todo un señor funcionario que cobra de nuestros impuestos) decide que él no tiene porqué molestarse en hacer una adaptación curricular ni tiene porqué adaptar el currículo al niño para que la información académica le llegue.

Y lo que es peor, el equipo directivo no solo no se molesta en recordarle la normativa sino que se desentiende soberanamente de este colectivo tan vulnerable.

Veamos qué “armas legislativas” tenemos…

Adaptaciones curriculares y significativas. Estos serán los primeros “palabros” con los que intentarán liar a los padres, profanos en el arcano lenguaje pedagógico. Usarán terminología críptica para justificar lo injustificable. Pero no os dejéis engañar. Si con un diagnóstico de discapacidad el centro decide que al alumno no le hace falta adaptaciones curriculares lo tiene duro, porque tendrá que demostrar que, no haciéndolas, el menor discapacitado va a llegar a los mismos estándares de conocimiento que sus compañeros. Y eso no es fácil por no decir imposible en la mayoría de los casos.

Además, da igual que no le hagan adaptación curricular… si el niño no sabe leer tendrán que hacerles significativas.

Conviene recordar que  las adaptaciones no significativas son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación.

En un momento determinado cualquier alumno, tenga o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y tiene un carácter preventivo y compensador.

Pero es que también existen las adaptaciones de acceso, que no son propiamente adaptaciones curriculares. Tienen en común con las adaptaciones significativas que solo se proporcionan a ACNEE y lo único que hacen es adaptar ciertos aspectos para que el alumno pueda “acceder” al plan de estudios oficial.

Están pensadas para niños que presentan determinados déficits que requieren material adaptado o determinados recursos específicos: sistema alternativo de comunicación, mobiliario adaptado, supresión de barreras arquitectónicas…

Visto así, lo excepcional sería que un alumno no tuviera adaptación, aunque sea mucho trabajo para el funcionario docente.

Sanciones a menores discapacitados. La discapacidad es un factor que no solo ha de tenerse en cuenta en el currículo personalizado. Además, debe contemplarse para el régimen de sanciones que el Consejo Escolar haya aprobado. No se puede aplicar las mismas “penas” que al resto de alumnos aunque el centro se refugie en la manida frase de “no se puede hacer agravios comparativos”. Se deben hacer.

Quizá sea el momento de recordar que toda la normativa sobre protección de menores habla del interés superior del menor y que está en vigor en nuestro país.

Así lo hace la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de diciembre de 1959, en su principio V: “El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular”.

No olvidándose en el Principio VII que “el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tiene la responsabilidad de su educación y orientación”.

Omitir en un documento sancionador la realidad del discapacitado, para aplicar una pena superior a la que le corresponde en justicia, podría hacer que el instituto estuviera incurriendo en un DELITO por los propios funcionarios firmantes.

En cualquier caso, ninguna sanción recogida en ningún Reglamento de Régimen Interior puede ignorar ni mucho menos contravenir leyes de rango superior como la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se especifica en su artículo 2.5.b) uno de los criterios que deben seguirse para su protección: “5. Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular. b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados”.

O sea, toda sanción debe estar justificada por un equipo especializado. No vale con aplicar ad appice litterae el Reglamento.

Por último, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia señala, además, que “1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”

Responsabilidad de la Administración. La responsabilidad de la Administración (estatal, autonómica y municipal) para con los menores con discapacidad aparece recogida en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que deben cumplir a rajatabla: “Artículo 1 Propósito. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 2 Definiciones. A los fines de la presente Convención: La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso; Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal; Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten”.

Además, en su artículo 9 se cita que “…el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias”.

Concretamente, “en los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las garantías del procedimiento”.

La vulneración de estos derechos fundamentales contempla, como no puede ser de otra forma, que el tutor legal del menor con discapacidad pueda plantear sus quejas “ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas homólogas” pudiendo solicitar “asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas a la protección y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal podrá actuar en defensa de los derechos de los menores…» para tratar de solucionar desaguisados normativos impropios de un centro sostenido con fondos públicos.

En cuanto a la Administración regional, como responsable subsidiaria del daño causado al menor por su “inatención” convendría recordar algunos artículos de los derechos y deberes de los menores: “Artículo 11. Principios rectores de la acción administrativa. 1. Las Administraciones Públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen. 2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores: a) La supremacía de su interés superior. h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les afecten. i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso. j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia. k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables, así como su inclusión y participación plenas y efectivas”.

A todos los efectos la vulneración de estos dos derechos fundamentales (negativa a realizar adaptaciones curriculares y aplicar sensu stricto un RRI sancionador sin discriminación positiva al discapacitado) pueden ser considerados como actos ciertos de “violencia a un menor con discapacidad” sostenidos en el tiempo si son reincidentes y que aparece oportunamente recogido en el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia: “Si bien, es difícil estimar la dimensión de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, porque muchos no sólo no saben cómo denunciarlo, sino que ni siquiera son conscientes de estar siendo agredidos, dos son los ámbitos donde los poderes públicos han de permanecer especialmente alerta: el familiar y el educativo. Según datos de las organizaciones de infancia, aproximadamente la mitad de las notificaciones de sospecha de maltrato infantil se producen en el ámbito familiar, mientras que más de cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes en España perciben la escuela como un lugar inseguro, donde están expuestos a sufrir abusos físicos o emocionales y malos tratos”.

“A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o moral, sea cual fuera su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. En todo caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, las agresiones y los abusos sexuales, la corrupción, el acoso escolar, la violencia de género, la mutilación genital femenina, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio infantil, así como los actos de omisión producidos por las personas que deban ser garantes de la protección de las personas menores de edad”.

“Artículo 27. Principios. El sistema educativo español, debe fomentar una educación inclusiva y de calidad que permita el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes en una escuela segura y libre de violencia, en la que se garantice el respeto y promoción de sus derechos, empleando métodos pacíficos de comunicación, negociación y resolución de conflictos. Los niños, niñas y adolescentes en todas las etapas educativas, e independientemente de la titularidad del centro, recibirán, de forma transversal, una educación que incluya el respeto a los demás, la igualdad de género, la diversidad familiar, la adquisición de habilidades para la elección de estilos de vida saludables y una educación afectivo sexual, adaptada a su nivel madurativo, orientada al aprendizaje de la prevención y evitación de toda forma de violencia, con el fin de ayudarles a reconocerla y reaccionar frente a la misma”.

“Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad”.

A modo de conclusión. Si usted, estimado lector, se encuentra en la desagradable situación de estar viviendo un episodio similar la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia establece que es posible solicitar amparo por indefensión del menor dado que, en su artículo 44, se fija “la prevalencia del interés del menor, sobre cualquier otro”.

En materia de Educación cita: Todo niño tiene derecho a una educación, conforme a lo establecido en la “1. Constitución y en la normativa vigente, y a recibir una formación integral”.

Finalmente no está de más leer lo que, en el artículo 49, se establece como falta grave: “No proporcionar, por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores”, considerándose falta muy grave (artículo 50) la reincidencia en las infracciones graves.

Y vayamos concluyendo. La no adecuada atención de esta problemática por quienes están obligados a hacerlo entra en lo que se puede considerar, por acción y/u omisión, un  MALTRATO INSTITUCIONAL Y DISCRIMINATORIO DE MANERA SISTEMÁTICA A UN MENOR CON DISCAPACIDAD cuando el Estado, a través de sus distintos organismos y entidades, tiene la encomienda de protegerlo y formarlo.

El objeto de este largo post es, evidentemente, que podáis usar toda esta legislación para exigir al centro donde se halla escolarizado tu hijo/a la atención que, en justicia, le corresponde.

Con toda esta batería normativa podéis hacer dos cosas: darles unas clases de legislación educativa a los señores funcionarios responsables del centro, y confiar en que van a aplicarla; o bien, si dudas de ello o su arrogancia les impide recibir esta información, presentar el escrito de denuncia con todas estas citas legislativas directamente al Registro de Entrada del centro junto con una copia a Inspección educativa y otra al Defensor del Pueblo, dejándoles caer a todos ellos que la prensa siempre es muy receptiva a este tipo de titulares.

Legislación:

  • Declaración de los Derechos del Niño de 20 de diciembre de 1959
  • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
  • Ley de Enjuiciamiento Civil
  • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio
  • Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
  • Derechos y deberes de los menores
  • Anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia
  • Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia

 

* Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt, “el derecho socorre a los que vigilan, no a los que duermen”. Significa que para ver efectivamente y eficazmente tutelado el propio derecho no es suficiente tener la ley de la propia parte: también es necesario que el interesado se defienda activamente. El principio expreso del brocardo (el primado de la iniciativa de parte en la tutela del propio derecho) está en la base de la democracia liberal, y asume particular relevancia en ordenamientos jurídicos de ahí derivados, principalmente en el Derecho procesal civil. (Fuente: Wikipedia).

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