Año 1985: «Salvemos el Mar Menor»

El 27 de agosto de 1985 aparecía, hace ya más de treinta años y en el diario La Verdad, un artículo firmado por J.M.Serrano titulado “Salvemos el Mar Menor”.

No era un visionario ni anunciaba lo que se le iba a venir encima tres décadas después a la laguna. Hablaba de los ochenta y ya criticaba la “tibieza” con la que el entonces Gobierno socialista regional afrontaba lo que él llamaba “el deterioro imparable de nuestra laguna salada”.

“Gobierno regional y ayuntamientos costeros son los principales culpables de la situación en la que se encuentra el Mar Menor… …la miopía política —continúa el artículo— de nuestros gobernantes que han creído que el crecimiento turístico desmedido iba a beneficiar las arcas regionales y que todo lo que atrajese al turista era intrínsecamente bueno”.

El hombre continuaba preguntándose (recuerden, hace treinta años y cuando gobernaron un par de gabinetes socialistas) “¿Cómo se permitió la construcción de un puerto deportivo en Los Alcázares? ¿Por qué no se limita o prohíbe el uso de embarcaciones de motor en el Mar Menor que, literalmente, labran el escasamente profundo fondo marino de la laguna? ¿Dónde está la vigilancia para que no se saqueen las redes de los pescadores? Los residuos [de las poblaciones] van a parar a unos pozos instalados en el campo sin que sepamos si las filtraciones llegan de nuevo al mar”.

Y concluía: “mientras la defensa del Mar Menor sea cosa de reducidos grupos de ecologistas en los salones del poder no se adoptarán las soluciones radicales que cabe exigir. Por eso ¡Salvemos el Mar Menor!

Las quejas en la Prensa precedieron, como suele ser habitual, a una intensa actividad parlamentaria anunciando a bombo y platillo todo lo que se iba a hacer para salvarlo entre manifestaciones de preocupación de los partidos políticos que se pegaban codazos por salir en los medios de comunicación, un día sí y otro también, para dejar claras sus posturas pro-defensa de la laguna.

Y el Consejo de Gobierno aprobaba la Ley de Zonas y Usos del Mar Menor donde, al más puro estilo propagandístico, afirmando muy serios que se iban a proteger las Salinas de Marchamalo (incluido Playa Paraíso y El Vivero y alcanzando “el bosquecillo de pinar y palmeras en la entrada de Cabo de Palos”), Calblanque, todas las islas, Cabo de Palos, Peña del Águila, Salinas de San Pedro, Coto de Las Palomas, Playas de La Llana y El Mojón y un “plan urbanístico-ambiental para La Manga”.

En estas propuestas se incluyó la moratoria (¿les suena esta palabra?) a todas las licencias concedidas ya para edificar en La Manga “en todos aquellos casos que exista contradicción entre las previsiones de las directrices y los planeamientos municipales afectados” y cuya paralización perdieron en los tribunales como ya vimos en dos artículos publicados en febrero (De cuando en 1986 ya intentó protegerse el Mar Menor I y II).

En relación al saneamiento del agua de la laguna la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas elaboró “un plan de saneamiento de la masa de agua de la laguna, de su lecho y márgenes a fin de determinar, prevenir y reducir la influencia de la contaminación desde tierra al mar, así como la originada por los usos marítimos”.

El plan incluía medidas tendentes a impedir la contaminación de la laguna por vertidos procedentes de usos agrícolas, ganaderos y mineros; el control de la influencia de los vertidos de aceites minerales, gasolinas y otros hidrocarburos procedentes de embarcaciones a motor.

Y tras tanta palabrería, titular de prensa para tranquilizar a la población y cara adusta del político de turno por fin, el 19 de mayo de 1987, se aprobaba la enorme batería de medidas tendentes a “salvar el Mar Menor” por el Consejo de Ministros cuyos resultados, a largo plazo, todos conocemos.

El entonces director general de Medio Ambiente, Luis Bernardeau, salió en los medios usando una de las frases más habituales entre la clase política; “[estas medidas] vienen a reforzar el propósito del Gobierno autónomo respecto a la protección del Mar Menor”.

Como hoy podemos comprobar, la responsabilidad política de la situación en la que se encuentra la laguna va más allá de los «veinte años de dejadez».

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